La falta de recursos y la objeción de conciencia impiden atender a las mujeres que deciden abortar en Ourense entre las 10 y 14 semanas
SALGADO, M. (23 de enero de 2023). Un 30% de los abortos en Ourense se deriva a dos clínicas concertadas de Vigo y A Coruña. La Región. Recuperado de www.laregion.es
La sanidad pública de Ourense fue pionera en practicar el aborto legal en 1985, pero la falta de recursos y la objeción de conciencia obligan hoy a derivar el 30% de los abortos de la provincia a clínicas privadas concertadas de las ciudades de Vigo y A Coruña, según datos de la jefa del servicio de Ginecología y Obstetricia del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, Esther Álvarez.
Este 30% no asumido por los tres hospitales públicos supone la totalidad de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) solicitadas libremente por mujeres que se encuentran entre las semanas 10 y 14 de gestación, plazo máximo legal en el que no hay que justificar la decisión del aborto.
Álvarez, que recuerda que las clínicas privadas de Ourense no practican abortos, destaca que el área sanitaria no tiene recursos ni infraestructura suficiente para asumir esos abortos. “No vamos sobrados de quirófanos; si gastamos los recursos de aquí en IVE, habría que atrasar patologías importantes, como un problema de útero o de ovario”, explica la jefa del servicio, que también señala la objeción de conciencia como otra de las barreras. “Si llega una mujer que debe abortar en dos días para hacerlo dentro del plazo legal, necesitaríamos un ginecólogo, un anestesista, una enfermera, un celador y un auxiliar, y que ninguno sea objetor”, indica.
Coincide con ella su antecesor en el cargo, José Luis Doval, pionero de la práctica del aborto legal en Galicia, que reconoce que “no se puede garantizar que haya equipos completos debido a la objeción de conciencia. Además, el profesional puede objetar en cada caso concreto”.
El resto de casos se asumen, casi en su totalidad, en el área sanitaria: tanto los abortos farmacológicos, indicados para las gestantes de menos de 10 semanas; como los que precisan tratamiento quirúrgico y están motivados por malformación fetal, enfermedad grave materna o violación. A partir de la semana 14, precisarían de una indicación médica, y desde la semana 22, la aprobación de un comité clínico autonómico y solo en caso de malformación incompatible con la vida. “Estos últimos, en este momento, solo se hacen en la sanidad pública de Ourense y Vigo”, dice Álvarez.
La única excepción son los abortos tras la semana 14 y con indicación psicológica o psiquiátrica. “Esos casos, unos cinco al año, se derivan a Madrid porque hay objeción de conciencia y no hay ninguna clínica privada en Galicia acreditada por encima de ese plazo”, asegura la jefa del servicio de Trabajo Social, Celsa Perdiz.
378 abortos anuales
De los 378 abortos que se practicaron a residentes en la provincia en el año 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística, un 98% se debieron a la petición de la mujer; un 2%, a malformaciones del feto; y un 0,1%, a enfermedad materna. Por plazos, la mitad se practicaron antes de las 10 semanas; el 47%, entre las semanas 10 y 14 semanas; y el 3%, de la semana 14 en adelante. “El número de abortos al año se mantiene estable, pero la población de mujeres en edad fértil del área sanitaria decrece a velocidad importante, así que proporcionalmente están aumentando”, explica Álvarez, que dice que la mayoría de mujeres que recurren al aborto tiene entre 25 y 39 años.
Los ginecólogos diferencian entre dos tipos fundamentales de aborto: por indicación médica y por petición de la mujer. “La indicación médica es relativa. Nosotros informamos si vemos una malformación que va a tener graves secuelas, pero la decisión última del aborto siempre va a ser de la mujer”, advierte la ginecóloga, que opina que en el área no hay problemas con la objeción de conciencia. El Proyecto de Ley de Salud Sexual, a trámite en el Senado, crea un registro de objetores que permitirá cuantificarlos para que cada hospital sepa con qué personal cuenta. “Lo que es cierto es que casi el 80% de los abortos en España se están haciendo en centros privados o concertados”, dice Alberto Fidalgo, presidente del Comité Deontológico del Colegio de Médicos de Ourense.