El proyecto de ley recibión luz verde del Congreso con la condición de ser enmendado en el trámite
AGENCIAS (22 de septiembre de 2022). Visto bueno parlamentario a la ley de equidad sanitaria. Atlántico. Recuperado de www.atlantico.net
El Proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitaria, impulsado por Sanidad, superó ayer el primer escollo en el Congreso tras la negociación emprendida por la ministra Carolina Darias con los socios de investidura, no exenta de condicionantes, ya que será enmendado en el trámite parlamentario. El texto de los socialistas salió adelante al rechazar Unidas Podemos y los socios de investidura, con 191 votos, las dos enmiendas de devolución presentadas por Vox y Cs, que sumaron 64 apoyos de los proponentes y 88 abstenciones del PP.
Finalmente, al proyecto de ley se presentaron solo estas dos enmiendas, ya que PDeCat y Junts las retiraron a última hora del miércoles tras acordar con Darias garantías al modelo del concierto sanitario catalán. De esta forma y tras 48 horas de negociación, Sanidad asume negociar una serie de modificaciones para que la ley no afecte a las competencias autonómicas. También hay un compromiso alcanzado con Unidas Podemos para que se concreten la razones de “extraordinaria y urgente necesidad” para externalizar los servicios sanitarios así como los plazos, no máximos de un año.
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
En el debate parlamentario, la ministra agradeció el “talante y la disposición” de los grupos para salvar la ley y también la del conseller catalán, y afirmó que la norma fortalecerá el sistema sanitario público y minimizará las desigualdades. Aseguró que el proyecto cumple los compromisos del Gobierno de coalición y ha informado de que en el trámite parlamentario Sanidad trabajará “en el respeto de los estatutos de autonomía”, como han planteado ERC, PNV, EH-Bildu, Coalición Canaria y BNG.
Darias insistió en que el objetivo de la norma es la ampliación de derechos y garantizar el acceso a la salud a personas no registradas ni autorizadas como residentes en España, a solicitantes de protección internacional, beneficiarios de protección temporal y víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. También que la ley también extiende el acceso universal a las personas reagrupadas por hijos a su cargo, a los españoles residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales a España y a los no registrados ni autorizados les simplifica el acceso, que queda limitado a una declaración responsable.
La ministra reconoció que se trata de una “ley ideológica” que “deja a las claras las diferencias con la derecha, que gobierna recortando”, frente a una izquierda “que amplía derechos y los consolida”.
En defensa de la enmienda de Cs, el diputado Guillermo Díaz reprochó a la ministra que no le preocupe que los españoles sean iguales en derechos “y sí que los nacionalistas no vean pisado su narcisismo competencial”. El diputado de Vox Juan Luis Steegmann explicó que su formación rechaza el proyecto por ser “estatalista, casi comunista” y querer suprimir “de facto” los conciertos sanitarios.
Para el PP, que se abstuvo, el proyecto de ley les “llena de vergüenza”. Así, la diputada Ana Pastor dijo que le gustaría saber qué prometió la ministra “a tirios y troyanos”, porque ofreció “una cosa a Unidas Podemos y a PDeCat y Junts, la contraria”.
El sector privado avisa de que las listas de espera podrían crecer
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) elaboró un manifiesto el martes, al hilo del Proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión que se debatía ayer en el Congreso y que contempla la gestión directa de la sanidad pública como preferente, en el que pide a Sanidad que “cierre el paso” a nuevas privatizaciones y revierta lo ya privatizado. El texto admite “mejoras sustanciales” en el proyecto de ley “que eliminan graves amenazas que tensionan el sistema sanitario”, pero considera que debe ser una “oportunidad” para aumentar la “equidad” del sistema.
Por ello, el manifiesto sostiene que no cabe hablar de situaciones “excepcionales” para la colaboración público-privada, como dice el proyecto de ley, sin que se fijen criterios concretos de esa excepcionalidad, ya que no hacerlo supone dejar “barra libre” a las comunidades para privatizar el sistema sanitario.
Por otro lado, la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entidad que aglutina al sector sanitario privado, afirma que la desaparición de la colaboración privada con la Sanidad pública aumentaría las listas de espera, también la ocupación hospitalaria y supondría una generación de sobrecostes. Lo hizo a través de un informe publicado el miércoles.
El informe estima que las listas de espera para cirugías podrían aumentar un 102% -alargando la espera media en 75 días- y la lista de espera de primera consulta en un 153%, dilatando la espera en 58 días más.