REDACCIÓN (30 de marzo de 2021). El Gobierno lleva al Constitucional la Lei de Saúde de Galicia. La Voz de Galicia. Recuperado de www.lavozdegalicia.es 

El Ejecutivo central cuestiona que la norma impulsada por Feijóo pueda abrir la puerta a la vacunación obligatoria. El recurso supone la suspensión cautelar de los artículos impugnados

El Consejo de Ministros ha aprobado recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley gallega de salud, aprobada recientemente por el Parlamento de Galicia.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció el recurso en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo y dijo que «solo es posible restringir derechos fundamentales a través de legislación estatal».

El Gobierno central ya había elevado una consulta sobre la norma (ley de Galicia 8/2021) al Consejo de Estado. Cuestionaba su constitucionalidad en un aspecto determinado: la posibilidad de obligar a la vacunación en situaciones epidemiológicas que lo requieran. Y ahora recurre ante el alto tribunal. La acción supone la suspensión cautelar de los artículos impugnados.

Consulta aquí el texto aprobado por el Parlamento de Galicia

En su alegación ante el Consejo de Estado el Gobierno central consideraba que la norma autonómica introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que, según el artículo 81 de la Constitución Española, están reservadas a una Ley Orgánica, que por tanto solo puede ser dictada por el legislador estatal.

Es el caso del artículo 5, que establece entre otras medidas preventivas en materia de salud pública que la comunidad autónoma podrá someter «a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización». O el del artículo 7, que añade medidas preventivas en materia de salud pública. Igualmente, según el Gobierno, resultarían inconstitucionales las previsiones contenidas en los apartados 12, 13, 14 y 15, que constituyen el régimen de infracciones y sanciones asociado a las conductas reguladas en los apartados 5 y siguientes.

Por otra parte, de acuerdo con esta argumentación, la norma puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales. En el marco del vigente estado de alarma, las comunidades autónomas ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria como si fueran facultades correspondientes a la gestión ordinaria, de su competencias.

También se alega a la competencia exclusiva del Estado respecto a las bases y la coordinación general de la sanidad que recoge la Constitución. Finalmente, respecto a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse que recoge la ley, también se entiende que además de afectar a la reserva de Ley Orgánica y al ámbito competencial del Estado en materia sanitaria, no considera la Estrategia de Vacunación frente al covid-19 en España, aprobada el 28 de enero por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de obligado cumplimiento. La estrategia recoge que la vacunación será voluntaria.

Desde la Xunta se apuntaba entonces, el 17 de marzo, que la ley gallega era «plenamente constitucional para luchar contra la pandemia. En este sentido, y pese a las reiteradas demandas al Gobierno central para que incorporase nuevas herramientas legislativas, con el ánimo de gestionar la pandemia de una forma más efectiva y dotar estas medidas de una mayor seguridad jurídica, este ha desatendido las solicitudes trasladadas por el gobierno autonómico gallego». El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se mostró ayer sorprendido por el hecho de que no haya habido ningún tipo de contacto por parte del Gobierno ni la puesta en marcha de una comisión bilateral. En este caso, solo hubo una llamada de la ministra, explicó, con la publicación de la orden y ninguna otra comunicación. «Cremos que é unha lei necesaria para xestionar a situación», añadió: De manera que lo lógico sería una modificación de la ley orgánica: «Damos un paso para mellorar a seguridade xurídica e cremos firmemente que a lei non vai contra nada constitucional e só desenvolve aspectos contemplados nunha lei orgánica».

Desde el BNG, su portavoz nacional ha valorado de forma crítica ese paso dado por el Estado. «É coñecida a posición do BNG sobre o Tribunal Constitucional e o uso partidista que se fai deste órgano por parte do bipartidismo PP-PSOE, -cuxa renovación segue pendente pola liorta entre ambos para asegurarse o seu control-, mais esta é a crónica dun recurso anunciado», ha dicho Ana Pontón. A juicio de la líder nacionalista, «Feijoo xa sabía que esta lei tiña problemas de legalidade, como advertimos reiteradamente desde o BNG, e por iso non a levou a Consello da Xunta que preside, esquivando os preceptivos informes xurídicos, senón que foi presentada polo PP, poñendo a venda antes da ferida e proba evidente de que o propio Feijoo era consciente dos problemas de legalidade que suscitaba a súa reforma da lei de Saúde».

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